La reforma de la ley de farmacias de Río Negro propone una modificación integral del funcionamiento del sistema, con cambios en la propiedad, distribución territorial y modalidades de atención, lo que abrió interrogantes sobre su impacto en el acceso a los medicamentos y la organización del servicio.

El alcance de la iniciativa comenzó a conocerse tras el adelanto realizado por el Gobierno provincial, que planteó un esquema con mayor flexibilidad normativa, incorporación de herramientas digitales y nuevas condiciones para la radicación de farmacias. Sin embargo, desde el sector farmacéutico advirtieron que no participaron en la elaboración del proyecto y plantearon la necesidad de analizar en detalle su contenido.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de la receta electrónica obligatoria, junto con la habilitación de modalidades como la telefarmacia y la entrega de medicamentos a domicilio. Además, se prevé la posibilidad de emitir recetas digitales diferidas por hasta seis meses para tratamientos crónicos, lo que introduce cambios en la operatoria cotidiana del sistema.

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En paralelo, la propuesta amplía las condiciones para el envío de medicamentos, permitiendo que no solo se realicen entre establecimientos habilitados, sino también hacia centros de salud o directamente al domicilio de las personas usuarias, con sistemas de trazabilidad.

Otro de los puntos que genera mayor atención es la modificación en la titularidad de las farmacias. El proyecto establece que podrán ser propiedad de personas físicas o jurídicas no farmacéuticas, siempre que cuenten con un director técnico profesional. Este cambio se complementa con la eliminación de restricciones para la instalación de nuevos locales, dejando sin efecto los criterios de distancia mínima entre farmacias.

También se incorporan cambios en la organización del recurso humano. Si bien se mantiene la regla general de un profesional por establecimiento, se contemplan excepciones en localidades donde haya escasez de farmacéuticos, habilitando que un mismo profesional pueda asumir responsabilidades en más de una farmacia en determinados casos.

La iniciativa incluye además un esquema de incentivos para la radicación en zonas con menor cobertura, al tiempo que elimina el régimen actual de traslados y habilitaciones, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y flexibilizar el funcionamiento del sector.

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En materia de abastecimiento, se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de manera directa a farmacias o mediante convenios con droguerías, tanto para el sistema público como para la población en general, lo que introduce un nuevo actor en la cadena de provisión.

Desde el ámbito farmacéutico, algunos de estos cambios son observados con cautela. Entre los principales cuestionamientos aparecen la eliminación de criterios de planificación territorial, la apertura a nuevos actores en la propiedad de farmacias y la posibilidad de concentración del mercado, además de la falta de instancias de debate previo con el sector.

Mientras el proyecto comienza su recorrido, el eje de la discusión se concentra en cómo estos cambios pueden reconfigurar el sistema actual, tanto en términos de acceso a medicamentos como en la distribución del servicio y las condiciones de ejercicio profesional en la provincia.